Lea en este número
(Tomo 110 agosto de 2018)

Pleno Jurisdiccional Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios
La sección Especial se enfoca en examinar el Primer Pleno Jurisdiccional Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, recientemente publicado (véase el tomo 108), donde, entre otros, se abordaron temas como los viáticos como objeto del delito de peculado y la participación en el delito de enriquecimiento ilícito. Escriben en esta sección los profesores Constante Carlos Avalos Rodríguez, Jorge Pérez López y Eliu Arismendiz Amaya.

La reciente modificación del delito de feminicidio
En la sección de Derecho Penal destacamos el artículo del Dr. Shikara Vásquez Shimajuko, quien analiza la prohibición de regreso como criterio de imputación jurídico-penal desde el punto de vista de las ciencias sociales, a fin de evaluar su coherencia con los postulados propuestos por Jakobs.

A su turno, el magistrado Wilfredo Casas Ramírez examina el tipo penal de organización criminal (artículo 317 del CP), específicamente en cuanto a su elemento estructural, a propósito del reciente Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN emitido por la Sala Penal Nacional (véase el tomo 108).

El Dr. Iván Pedro Guevara Vásquez estudia el delito de marcaje o reglaje (artículo 317-A del CP), sosteniendo que los actos de acoso previo del que suelen ser objeto las mujeres antes de sufrir un atentado contra su vida o integridad física pueden ser subsumidos en dicho tipo penal en tanto implican actos ilícitos de seguimiento y vigilancia.

El profesor Silfredo Hugo Vizcardo desarrolla diversos aspectos del delito de feminicidio a propósito de la reciente modificación (por la Ley N° 30819, del 13 de julio de 2018; véase el tomo 109), con especial atención en su estructura típica, formas de realización y problemas de interpretación.

La utilización de las declaraciones previas en el proceso penal
En la sección de Derecho Procesal Penal, destacamos el artículo del magistrado José Antonio Huaylla Marín, quien explica los supuestos en que pueden utilizarse las declaraciones previas en el proceso penal: a) para refrescar la memoria; b) ante contradicciones o inconsistencias; c) ante la inconcurrencia del órgano de prueba al juicio; d) ante la negativa del acusado a declarar en el juicio; e) como base para preparar los interrogatorios y los contrainterrogatorios; y, f) en los delitos sexuales donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes.

También resalta el artículo del procesalista Elky Villegas Paiva, quien analiza el in dubio pro reo como manifestación de la presunción de inocencia, sosteniendo que solo puede ser aplicado luego de la actuación y valoración probatoria (y no en etapas anteriores, para archivar o sobreseer la causa).

Doctrina jurisprudencial vinculante
En cuanto a jurisprudencia, presentamos diversas ejecutorias supremas de relevancia, entre las cuales destacan las siguientes:

  • La Casación N° 243-2016-La Libertad, que indica que no procede el proceso inmediato, aun cuando se trate de un caso de flagrancia delictiva, si es que es necesario recabar una pericia u otro medio de convicción relevante (doctrina jurisprudencial vinculante).
  • La Casación N° 893-2016-Lambayeque, que establece que es procedente el recurso de apelación contra el auto que desestima una excepción durante la etapa intermedia (doctrina jurisprudencial).
  • La Casación N° 119-2016-Áncash, que señala que puede variarse la medida de comparecencia por la de prisión preventiva aun cuando el imputado no haya incumplido las reglas de conducta impuestas (doctrina jurisprudencial).
  • La Casación N° 828-2017-Cajamarca, que establece los requisitos bajo los cuales el homicidio ocasionado por un coautor durante la ejecución de un robo es atribuible a todos los demás coautores.
  • La Casación N° 1118-2016-Lambayeque, que señala que en el delito de falsedad ideológica es necesario que el funcionario que suscribe una declaración jurada falsa sea competente para dar fe de los hechos declarados.
La Casación N° 33-2018-Nacional, donde se precisa que la UIF-Perú puede disponer el congelamiento administrativo de fondos ante la sospecha plausible de que el imputado ha cometido el delito de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.

Percy Enrique Revilla Llaza
Subdirector de Gaceta Penal & Procesal Penal