Lea en este número
(Tomo 112, octubre de 2018)

La incorporación de los delitos de corrupción privada al Código Penal
Una de las modificaciones más importantes del Código Penal en los últimos meses es la sanción penal de los actos de corrupción cometidos entre privados, efectuada a través del D. Leg. N° 1385 (del 04/09/2018).
El legislador, atendiendo que estas conductas afectan el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas, incorporó el artículo 241-A (denominado “corrupción en el ámbito privado”) y el artículo 241-B (denominado “corrupción al interior de entes privados”).

Este es el tema que motiva la sección Especial de este número, la cual tiene por finalidad dar a conocer los alcances, elementos, modalidades e implicancias de estos dos tipos penales de nuevo cuño. Escriben los penalistas Javier Fernando Quiñones, Rocio Bobadilla Bocanegra y Daniel Pisfil Flores.

El delito de organización criminal
En la sección de Derecho Penal destaca el artículo del profesor Silfredo Hugo Vizcardo, quien examina el delito de lesiones, en sus modalidades de daño a la integridad corporal, daño a la salud física y daño a la salud mental, a propósito de su reciente modificación por la Ley N° 30819, del 13/07/2018, con especial énfasis en el delito de lesiones graves (artículo 121 del CP)

A su turno, los magistrados Luis A. Tisnado Solís y Wilfredo Casas Ramírez examinan, en sendos trabajos, el fenómeno de la organización criminal. El primero desentraña el fundamento de su injusto penal (que es dual: por el delito cometido y por su integración a la organización), en tanto que el segundo explica el significado de los verbos rectores del tipo penal de organización criminal (artículo 317 del CP): “promover”, “organizar”, “constituir” e “integrar” una organización criminal

Mención aparte merece el trabajo del magistrado César A. Delgado Castro, quien estudia de la diversa tipología de abogados defensores que actúan transgrediendo las normas jurídicas y éticas, al punto de integrar organizaciones criminales, pero que tratan de justificar sus actuaciones bajo la apariencia de conductas neutrales o socialmente adecuadas

La presunción judicial de peligro procesal
En la sección de Derecho Procesal Penal, la Dra. Ana Calderón Sumarriva estudia el peligro procesal en las medidas de coerción como una presunción judicial, en virtud de la cual aquel debe partir de hechos ciertos, de los cuales se pueda inferir razonablemente, mediante el uso de las máximas de la experiencia, la probabilidad de que el imputado se fugará o entorpecerá el proceso penal

A su turno, el magistrado Edward Casaverde Trujillo expone un caso en el que un juez penal, por error, impuso a un funcionario una pena de inhabilitación principal, señalando que el tribunal revisor, vía impugnación, está habilitado para cambiarla por una accesoria (que es la que corresponde), sin vulnerar el principio de la non reformatio in peius, aun cuando dicho extremo no haya sido objeto de apelación

Destacamos, igualmente, el artículo de nuestro colaborador Elky Villegas Paiva, quien explica el contenido y alcances del principio acusatorio en un sistema procesal penal acusatorio-garantista con rasgos adversariales como denomina al nuestro, precisando sus manifestaciones normativas tanto en el proceso penal para adultos como en el proceso penal para adolescentes

Doctrina jurisprudencial
En lo que respecta a pronunciamientos judiciales, resaltamos los siguientes:

Percy Enrique Revilla Llaza
Subdirector de Gaceta Penal & Procesal Penal