Aprueban Directiva que establece reglas para la liquidación de costas y costos ante los órganos resolutivos del INDECOPI (12/06/2015)

 

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha aprobó la Directiva que establece reglas aplicables a los procedimientos para la liquidación de costas y costos ante los órganos resolutivos del INDECOPI.

Así lo ha dispuesto la Directiva N” 001-2015/TRI-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2015. XNT

El objetivo de esta directiva es establecer las reglas procedimentales y plazos aplicables para la tramitación de las solicitudes de liquidación de costas y costos que efectúen los administrados ante los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI), como consecuencia de un procedimiento previo llevado a cabo ante dicha autoridad.

Dicha norma es vinculante para todos los órganos resolutivos del INDECOPI comprendidos en el Título V del Decreto Legislativo N° 1033 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, en la medida que estén facultados para otorgar costas y costos a los administrados dentro de sus procedimientos. Asimismo, esta Directiva también será observada por los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor establecidos en la Ley Nº 29571, norma mediante la que se aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en lo que sea aplicable.

Entre las principales disposiciones contenidas en la Directiva tenemos las siguientes:

Para la presentación de la solicitud de liquidación de costas y costos será de aplicación el plazo de prescripción establecido en el artículo 2001° numeral 1) del Código Civil, en la medida que se trata de la liquidación de una obligación personal a favor del administrado y no del ejercicio de una potestad sancionadora referida a la determinación de una infracción administrativa.

Durante el procedimiento de liquidación de costas y costos, los administrados solo podrán presentar medios probatorios documentales.

En caso un administrado sustente su solicitud de liquidación de costas y costos en información o documentación falsa, o se aprecie que el solicitante ha ocultado, destruido o alterado información; la autoridad administrativa actuará conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 807 (sanción de multa no menor de una UIT ni mayor de 50 UIT).

La solicitud de liquidación de costas y costos deberá ser efectuada por el propio administrado interesado o a través de un representante con facultades debidamente acreditadas. La presentación de la solicitud de liquidación de costas y costos no requerirá el pago de tasa administrativa alguna.

Para efectos de la liquidación de los costos, la autoridad deberá tener en cuenta lo siguiente: (i) la existencia de un mandato que contenga una condena expresa de costas y costos; (ii) la sustentación del pago del monto solicitado; y, (iii) el pago de los tributos correspondientes, de conformidad con la normativa tributaria aplicable. Adicionalmente a lo antes indicado, la autoridad podrá emplear cualquier otro criterio que considere pertinente, cuando las circunstancias del caso en concreto así lo ameriten.

En aquellos casos donde el administrado no adjunte una constancia de pago de tributos debido a que el letrado patrocinante no se encuentre obligado a abonar los mismos o cuente con una constancia de suspensión de retenciones y/o pagos de impuesto a la renta, será necesario verificar el empleo de medios de pago de acuerdo a los parámetros contenidos en la Ley N° 28194 y en las disposiciones modificatorias o reglamentarias que se emitan, así como en las normas que las sustituyan. Por ende, si en tales casos el administrado no sustentase el uso de medios de pago, sólo se podrá reconocer por concepto de costos una suma que no supere el monto establecido a partir del cual las normas respectivas establezcan la obligatoriedad de utilizar medios de pago.

La resolución final emitida por el órgano de primera instancia, únicamente podrá ser impugnada por los administrados mediante la interposición de un recurso de apelación. Este recurso suspende los efectos de la resolución impugnada.

El plazo máximo de tramitación de los procedimientos de liquidación de costas y costos es de treinta (30) días hábiles por instancia. Asimismo, los órganos resolutivos cuentan con los siguientes plazos para las actuaciones procedimentales a su cargo: a) Cinco (5) días hábiles para la evaluación preliminar de la solicitud de costas y costos, luego de lo cual se deberá correr traslado de tal solicitud o efectuar el requerimiento respectivo para su subsanación. b) Tres (3) días hábiles para verificar la admisión de los recursos administrativos interpuestos contra la resolución final. c) Tres (3) días hábiles para elevar los actuados de una instancia a otra. d) Cinco (5) días hábiles para que el órgano resolutivo de segunda instancia corra traslado del recurso administrativo interpuesto a la otra parte.

Para las partes, rigen los siguientes plazos máximos, no prorrogables: a) Dos (2) días hábiles para que el administrado subsane su solicitud de liquidación de costas y costos, en el supuesto descrito en el numeral 4.2 de la presente Directiva. b) Cinco (5) días hábiles para que el obligado efectúe sus observaciones a la solicitud de liquidación de costas y costos presentada. c) Cinco (5) días hábiles para que los administrados impugnen las resoluciones finales emitidas por los órganos competentes. d) Cinco (5) días hábiles para que el administrado absuelva el traslado del recurso impugnatorio interpuesto por la otra parte.

 
 

Conforman Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (11/06/2015)

 

La Corte Superior de Justicia de Lima ha conformado la Quinta Sala Civil.

Así lo ha dispuesto la Resolución Administrativa N° 291-2015-P-CSJLI/PJ, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de junio de 2015. XNT

Se ha decidido designar al doctor Juan Fidel Torres Tasso, Juez Titular del 9° Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, como Juez Superior Provisional integrante de la Quinta Sala Civil de Lima a partir del día 10 de junio del presente año y mientras dure la licencia del doctor Arias Lazarte.

De esta manera, la Quinta Sala Civil ha quedado establecida de la siguiente manera: Dra. Sara Luz Echevarría Gaviria (Presidente), Dr. Juan Manuel Rossell Mercado (T) y el Dr. Juan Fidel Torres Tasso (P).

 
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